EFE
El Congreso ha pedido hoy al Gobierno que garantice la realización de abortos en centros de la red pública o vinculados a la misma y en los términos de la ley general de sanidad y de la ley del aborto para asegurar la igualdad en el acceso y la calidad asistencial, con independencia del lugar de residencia.

La Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo ha aprobado una enmienda transaccional pactada entre ERC-IU-ICV y PSOE a una proposición no de ley presentada por el primer grupo, con el voto en contra del PP y la abstención de CiU.

El texto aprobado pide también garantizar el ejercicio de la objeción de conciencia de los profesionales directamente implicados sin que se menoscabe el acceso y la calidad asistencial de la mencionada prestación a la mujer.

Para ello, las comunidades autónomas adoptarán las medidas pertinentes en el marco del Consejo Interterritorial de Salud.

A partir de la inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, los grupos han pedido al Gobierno que vele para que en las CCAA los centros públicos estén dotados de recursos humanos y medios adecuados para su realización, comenzando por el aborto por razones médicas y siguiendo por los demás supuestos.

En la defensa de la iniciativa, el diputado Gaspar Llamazares ha puesto de relieve el descenso en el número de abortos, entre un 3 y un 6 por ciento, lo que ha calificado de «buena noticia».

Entre los factores que han contribuido a ello, ha citado el descenso de la inmigración y la aplicación de la píldora del día después, pero también la reforma de la ley.

Ha defendido la necesidad de que se garantice la prestación en los centros públicos, pues ahora sólo un 2% de los abortos se realizan en ellos.

Frente al alarmismo creado en algunos ámbitos por la ley, el diputado ha argumentado que el 97% de las menores de 18 no han necesitado utilizar el criterio de conflicto familiar, por lo que han acudido a abortar acompañadas de sus padres.

El diputado de IU ha considerado necesario una regulación legal de la objeción de conciencia, ya que, «no puede haber comunidades objetoras ni profesiones objetoras».

La diputada popular Ana Vázquez ha defendido una enmienda, que no ha sido admitida, en la que proponía un plan de protección de la maternidad como alternativa al aborto.

Ha narrado la historia de una mujer de una aldea gallega que decidió seguir adelante con su embarazo enfrentándose al qué dirán y contando solo con el apoyo de su familia, una decisión que permitió que hoy un chico de 23 años sea el capitán del equipo de fútbol de su pueblo y un líder juvenil.

«Ese chico es mi sobrino y la mujer mi hermana», ha concluido.

El diputado del PSOE Alberto Cabañas le ha respondido que «tanto respeto merece la madre del capitán de fútbol del equipo de su pueblo por haber decidido continuar su embarazo como lo merecería su vecina de puerta si hubiera decidido interrumpirlo».

«Esa es la diferencia. Nosotros respetemos las dos opciones y ustedes solo una», ha subrayado.