Desigualdades cuando el aborto es legal

En los países desarrollados, aunque las barreras legales son menores, las mujeres que quieren acceder a una interrupción voluntaria de embarazo aun tienen que enfrentarse a desigualdades significativas dependiendo del país en el que se realice el aborto, incumpliendo así las recomendaciones de la OMS. Así lo señala un estudio publicado en la revista Journal of Family Planning and Reproductive Health Care.

Analizando los estudios publicados entre 1993 y 2014, las autoras del estudio concluyen que en los países desarrollados siguen existiendo trabas cuando se quiere interrumpir el embarazo durante las 12 primeras semanas, y es que la estigmatización del personal sanitario que realiza abortos, la falta de profesionales dispuestos o capaces de llevar a cabo el procedimiento, la falta de recursos para costear el procedimiento o la falta de información hacen que la facilidad para acceder al aborto difiera de unos países a otros.

Una de las principales barreras que se señala es la objeción de conciencia, motivo que alega parte del personal sanitario que no quiere participar en estas intervenciones. Si bien al no estar reglada existen grandes desigualdades según las regiones o países analizados. En algunas zonas rurales de EEUU superan el 35% los profesionales que no realizan abortos alegando objeción de conciencia, en países con Reino unido no se alcanza el 20%. Esto hace que en muchas ocasiones las mujeres se vean obligadas a cambiar de región para poder someterse a una interrupción de embarazo.

En España, la ausencia de reglamentación al respecto hace que no existan datos fiables y los únicos disponibles son los de los registros que han puesto en marcha algunos colegios médicos, que, en la mayoría de los casos, apenas han registrado a un 1% de los colegiados. El único registro oficial se estableció en 2010 en la comunidad de Navarra, con el objetivo de que se pudieran conocer aquellos centros públicos en los que se podían practicar abortos, algo que hasta entonces no era posible. Sin embargo, un recurso del Partido Popular contra la ley que regulaba el registro lo mantuvo paralizado hasta el pasado mes de septiembre, fecha en la que el Tribunal Constitucional decidió desestimar el recurso y avalar la norma.

Para Blanca Cañedo, miembro de la junta directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), España puede ser un caso paradigmático de esta situación, ya que «pese a que la ley española es una de las más avanzadas de Europa, si no se invierte en ella, si no se capacita a los profesionales, si no se mejora la educación y la formación, al final la ley se queda hueca».

Al final de dicho estudio se recomiendan una serie de medidas para mejorar el acceso más allá de la intervención médica a este tipo de intervenciones, como seria mejorar la formación del personal sanitario y aumentar el número de servicios disponibles.

En Belladona siempre tenemos presente que un aborto no solo es un acto médico, sino que es una situación en la que existen circunstancias donde también se requiere la intervención de profesionales como psicólog@s o trabajador@s sociales.

Nathalie Garcia Cuervo
Psicóloga en Clinica Belladona.