La ley del aborto en la que trabaja Gallardón sólo reconocerá el daño psíquico de la madre como supuesto para abortar. Este supuesto incluiría desde sus condiciones socioeconómicas, físicas, psicológicas, enfermedades del feto o la violación sexual. El cambio de filosofía se traduce en que una violación sexual o la malformación del feto dejarían de ser la causa que determine la interrupción del embarazo pasando a ser el daño psicológico que pueda causar a la madre.

Esta modificación acabaría con los plazos introducidos por el Gobierno de Zapatero en 2010 que permitía abortar sin alegar ningún motivo a todas las mujeres mayores de 16 años hasta las 14 semanas de gestación, hasta la semana 22 si existía algún riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada y más allá de las 22 semanas si se detectaban anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable para el bebé.

Ahora en cambio, si la reforma sale adelante, todas  las mujeres, incluso las que han sido violadas, tendrán que alegar daño psicológicoy que éste sea reconocido por un informe médico, de un centro público o privado, aunque no será vinculante para la interrupción del embarazo. Dentro de este perjuicio psicológico existirán varios motivos: como haber sido víctima de una agresión sexual, la malformación fetal, el daño físico o psicológico que pueda sufrir la madre o sus condiciones socioeconómicas, cada uno de estas causas tendrá un plazo distinto que aún no se ha determinado.

Esta nueva legislación sería mucho más restrictiva incluso que la de 1985 que legalizó el aborto, prohibido durante toda la dictadura franquista, en tres únicos supuestos: violación (en las primeras 12 semanas), salud física o psicológica de la madre (sin límite) o graves taras físicas o psíquicas del bebé (en las primeras 22 semanas). Ahora en cambio, una madre tendrá no sólo que alegar un motivo sino además que sea un médico quien le permita ejercer su derecho a abortar.

Gallardón abre la caja de Pandora

El PP recurrió al Constitucional en 2010 la ley socialista, que aún no se ha pronunciando, alegando fundamentalmente la gravedad de que una menor de edad pudiera abortar sin el consentimiento de sus padres y que el aborto libre hasta la semana 14 vulneraba el derecho constitucional a la vida. Durante la campaña electoral manifestaron su propósito de modificar la legislación vigente sobre la interrupción del embarazo en esos dos aspectos fundamentales, pero nunca mencionaron que convertirían a los médicos en jueces que determinen y den su permiso a una mujer para que pueda abortar o no.

Fue el pasado domingo cuando el ministro de Justicia desató la polémica  en una entrevista en  el diario La Razón al avanzar que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar. Además, el ministro calificó de “éticamente inconcebible” haber estado conviviendo con la actual legislación sobre el aborto. “Creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”, defendió.

Con estas declaraciones, el ministro criticó la legislación vigente en materia de aborto de la mayor parte de los países de la UE, ya que la malformación del feto no es un supuesto permitido para abortar en Irlanda, Mónaco, Liechtenstein, Andorra, Malta y San Marino. Una causa que en España sólo supuso en la última década entre un 2,53 y 3,16% de los abortos practicados. Además, el aborto libre cumpliendo unos plazos está permitido en países como Alemania, Francia, Holanda o Bélgica.

Reacciones

Las palabras del ministro desataron un aluvión de reacciones. Los partidos de la oposición censuraron las pretensiones del Gobierno de Rajoy, acusándole de volver a la época franquista, donde las mujeres que podían viajaban al extranjero a abortar o lo hacían en la clandestinidad.

La vicesecretaria de organización del PSOE, Elena Valencianopreguntó al ministro de Justicia, si “quiere volver a la hipócrita España de los años 70″, en alusión a los ‘packs’ de las agencias de viaje para abortar en aquella época. En similares términos, IU alertó de que Gallardón representa al “nacionalcatolicismo español”, una de las señas de identidad de la dictadura franquista, con la reforma legislativa que está planteando en materia de aborto.

El PP ha sido el único grupo parlamentario que ha cerrado filas en torno a la polémica reforma indicando que apuesta por una “ley de casos” y no por “una ley de plazos”. “Apostamos por la defensa de los derechos de los más débiles”.

También, muchas asociaciones sanitarias han censurado la reforma que planea Gallardón. Así, las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública creen que el ministro peca de “flagrante sadismo incomprensible e intolerable en una sociedad desarrollada” y ve incoherente que el ministro hable de los derechos de los discapacitados cuando el Gobierno del que forma parte “los ha mutilado de manera inclemente”, al reducir  las ayudas a la dependencia y las subvenciones a las entidades que atiende a estos enfermos.

Dos de las principales asociaciones de jueces se han mostrado sorprendidos por el anuncio de Gallardón. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, recordó que, al comienzo de la legislatura, el actual ministro propuso volver al sistema de un aborto por indicaciones y no a la restricción de las indicaciones. Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados “Francisco de Vitoria”, José Luis González Armengol, ha opinado que el aborto por malformación del feto era “una cuestión pacífica” y “no convendría en absoluto hacer modificación alguna” en este apartado, tras indicar que hay total libertad de opiniones en este tipo de cuestiones entre los miembros de la asociación.

El movimiento feminista promotor de la campaña por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito, formado por más de una veintena de grupos feministas, ha calificado en un comunicado de “hipócritas y perversas” las restricciones que el Gobierno quiere llevar a cabo en la ley del aborto. Subrayan que eliminar la malformación del feto como supuesto para abortar de forma voluntaria “choca” con la “realidad cotidiana de tantas mujeres” que no pueden asumir una maternidad en el momento del embarazo. “Choca -sostienen- contra la evidencia de que la mejor manera de evitar un aborto no es la sanción, sino la educación sexual y afectiva”, así como “la corresponsabilidad familiar, social y del Estado con la maternidad”.

Sólo asociaciones como Derecho a Vivir o Foro de la Familia han aplaudido el gesto de Gallardón a sus pretensiones e incluso han llegado a pedir al Gobierno que elimine o restrinja el aborto eugenésico, el terapéutico y, concretamente, el de peligro para la salud psicológica de la madre, supuesto por el que se han “colado”, según han apuntado, en torno al 97 por ciento de los casos en los últimos 25 años.