Se presentó reglamentación de Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo; instituciones y profesionales locales en condiciones de aplicar la nueva normativa

Confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la autonomía de la voluntad de la mujer son los pilares de la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En Durazno los usuarios de la salud dicen que si hay tercerización de servicios debe abrirse el corralito mutual.

Alejandro Arrúa | 27/11/2012

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Las manifestaciones por el aborto se sucedieron a lo largo del presente año

A días de que el mencionado decreto entré en vigencia, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, aseguró que nuestro país es pionero en la región y el mundo en este tema, ya que solo algunos países tienen experiencias parciales al respecto. Sobre el trabajo realizado, informó que se revisaron más de 40 artículos “con alto profesionalismo” y se contemplaron escalas de valores, creencias y aspectos filosóficos, se apeló al valor humano y a aspectos técnicos. Recordó que se trata de un tema de alta sensibilidad social lo que supuso consultas a la sociedad civil organizada.
Dijo que es fundamental trabajar en educación para minimizar riesgos. El jerarca definió tres pilares fundamentales del decreto reglamentario: la confidencialidad, el consentimiento informado y el respeto a la autonomía de la voluntad de la mujer.

EQUILIBRADA

A entender del sub secretario Leonel Briozzo la reglamentación es equilibrada y ecuánime, y busca garantizar la procreación responsable y la seguridad de la paciente y disminuir riesgos.
Asimismo, procura reducir el número de abortos. En este sentido, dijo estar convencido de que la educación en salud sexual y reproductiva, el acceso universal a métodos anticonceptivos y la nueva Ley de IVE “redundarán en una disminución de la cantidad de abortos, porque reducirá la necesidad de abortar”.
Aludió a la importancia de garantizar la confidencialidad y promover el consentimiento informado, es decir que sea la mujer quien decida libremente, el respeto a la autonomía de la paciente y la seguridad, tanto para la usuaria como para los equipos de salud.
Para avanzar en este sentido, se cuenta con un Manual de Procedimientos de manejo de las instituciones y personal de salud y una Guía Técnica para la IVE. Asimismo, se contará con un sistema de registros y se lanzará una campaña comunicacional con el objetivo de informar clara y objetivamente y ayudar a la toma de decisión. Aseguró que “todo el SNIS garantizará la salud de las mujeres en cualquier peripecia que pueda pasar”.

CONCIENCIA

Los asesores legales del MSP, Gabriel Adriasola y Sergio Araujo dieron algunos detalles del decreto, como la inclusión del concepto de “objeción de conciencia”, es decir, la posibilidad de que el profesional plantee que, por razones filosóficas o de creencia, no puede realizar el procedimiento. La negativa comprende solo la interrupción, no así el asesoramiento ni la atención previa y posterior.
Solo pueden objetar médicos y técnicos que participen directamente, para lo cual es necesario expresar su decisión ante la dirección de la institución y se debe derivar el paciente a otro profesional para garantizar la continuidad del proceso asistencial.
Asimismo, es obligación del MSP buscar el “compromiso de conciencia”, es decir, anteponer las necesidades de los pacientes por sobre los propios.

DOCE SEMANAS

También se habla de “objeción de ideario”, cuando una institución expresa su negativa a realizar el procedimiento. Para ello deben acreditar sus objeciones ante la JUNASA. Esto no contempla los casos vinculados a motivos terapéuticos. Las instituciones tienen 15 días hábiles para presentar las objeciones luego de la reglamentación de la Ley. De aceptarse las mismas, la institución debe garantizar la atención mediante convenio con otra prestadora.
En cuanto al vencimiento de plazo para la práctica de la interrupción, explicaron que el mismo caduca a las doce semanas para los casos generales, catorce semanas por violación y no hay plazos en caso de motivos terapéuticos ni malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

OBLIGACIONES

El titular de JUNASA, Luis Gallo, dio detalles sobre las obligaciones de las instituciones, el control y fiscalización de las mismas, y la posibilidad de cambiar de prestador. En este sentido, aclaró que solo se dispone para la población objetivo, es decir, mujeres embarazadas que son usuarias del FONASA (ASSE e instituciones privadas) y usuarias del SNIS, embarazadas afiliadas en forma particular y que se atienden en Hospital Policial y Militar, y en determinados casos. Aclaró que no se trata de una apertura del “corralito mutual”.
Al referirse a la Guía Técnica, Leticia Rieppi, responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP informó que se recomienda como método de interrupción el farmacológico (misoprostol-mifepristona) por considerarse el procedimiento de menor riesgo sanitario.
Se realizaría en forma ambulatoria, para ello se indica a la paciente las señales de alarma y solo en caso de necesidad se resuelve la internación.
Si se sugiere una interrupción por el método aspirativo, la paciente de todas formas recibe el sistema de los fármacos por considerarse más seguro, aseguró la profesional.

NO SE PRESENTÓ OBJECIÓN DE IDEARIO

Tanto a nivel institucional como individual y profesional estamos en condiciones de comenzar a aplicar la normativa que posibilita la interrupción voluntaria del embarazo, dijo el doctor Fernando Lacava a EL ACONTECER.
El profesional que cumple funciones tanto en el ámbito público como en el privado dijo que se atenderán a usuarias que accedan a su prestador de salud, precisando que hay ciertas condiciones para que el trámite se realice legalmente. “La ley despenaliza el aborto antes de las 12 semanas, pone plazos y condiciones a usuarias, instituciones y técnicos actuantes”. Manifestó que el trámite se debe realizar ante un médico, no tiene porque ser un ginecólogo, y que lo que se busca es proteger a la usuaria para evitar el aborto en condiciones de riesgo. “Estamos hablando de que la persona ya decidió interrumpir el embarazo, no viene a pedirnos una opinión. El médico la tiene que asesorar, brindar las condiciones para que lo haga con el menor riesgo posible, dentro de un marco reglamentado, facilitándole el acceso a la medicación”, sostuvo.

INTERRUPCIÓN MEDICAMENTOSA

Al referirse a la práctica, Lacava dio cuenta que la idea pasa por aplicar la “interrupción medicamentosa” para evitar intervenciones quirúrgicas como los legrados. “Hipotéticamente pueden existir casos en que se deba complementar con una intervención quirúrgica”, acotó, recordando que previamente la usuaria deberá pasar por un proceso legal que incluye tres consultas con equipos técnicos -en el momento que plantea la interrupción del embarazo; una consulta con ginecólogo, asistente social y psicólogo; y, después de 5 días de reflexión, deberá ratificar su voluntad-
“Cumplidos los pasos previos el ginecólogo indicará la medicación y le explica como se utiliza. La aplicación se hace en forma ambulatoria, la paciente no va a ser internada. Si bien todo tiene riesgo, los riesgos son mínimos. Es muchísimo menos riesgoso que una maniobra quirúrgica o un aborto provocado en condiciones de riesgo”.
De ser necesario, la mujer tendrá posteriormente la posibilidad de volver a consultar al equipo médico. Con la medicación de que se dispone actualmente se tiene una eficacia del 98%, aseveró el galeno.

SIN OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Consultado acerca de la posible tercerización de servicios a que podrían acceder algunas prestadoras de salud, expresó que por un lado está la “objeción de conciencia” del profesional, y por otro la “objeción de ideario” de las instituciones. “Todos los profesionales de la salud tenemos la obligación de respetar los derechos de los usuarios -asesoramiento y ser atendidos por el equipo de salud- En el caso de ginecólogos que tienen objeción de conciencia respecto a indicar la interrupción del embarazo -hacer una receta que se entregará a la usuaria para que se le brinde la medicación abortaba- el trámite deberá ser hecho por otro médico. La institución tiene que brindarle a la usuaria esa oportunidad, ese derecho”.
Sobre la objeción de ideario, dijo que aquellas instituciones que no realicen interrupciones de embarazo deberán tercerizar el servicio. “Tendrá que enviar a la usuaria a otro lugar, por ley no le pueden negar el derecho”. Adelantó que dicha posibilidad no se plantea en el ámbito público, precisando que el servicio se prestará en los centros que ASSE posee.
El doctor Fernando Lacava, que expresó no tener objeción de conciencia, adelantó que al momento las instituciones privadas del departamento de Durazno no han presentado objeción de ideario.

SI SE TERCERIZA QUE ABRAN EL CORRALITO…

Zully Goyen, representante de los usuarios de la salud de Durazno admitió que aún no se está al tanto si los prestadores locales han ultimado los detalles para la prestación del servicio. “Tenemos información de que algunos prestadores del país piensan tercerizar el servicio. Si es así, que se abra el corralito para que el usuario que no desee permanecer con un prestador que margina a la mujer tenga la libertad de optar por otro”.
Se margina desde el momento en que la mujer no podría atenderse con su ginecólogo, su médico de confianza, debiendo recurrir a un tercero, añadió.

DEPENDE DEL PODER ECONÓMICO

Goyen dijo que las interrupciones de embarazos son frecuentes, lamentando la existencia de una brecha muy definida que depende de la situación económica. “Para las personas de alto poder económico hay clínicas clandestinas que funcionan, en ellas la mujer tiene todas las garantías de buena atención, no sufriendo problemas de infección ni nada por el estilo. Por otro lado está la situación de personas de bajos recursos que deben recurrir, también en forma clandestina, a métodos que dejan mucho que desear. Lejos de las mínimas condiciones de higiene terminan con infecciones internadas a nivel de medicina general como una infección ginecológica, sin que muchas veces sean debidamente denunciadas”. Manifestó que en marzo murieron dos adolescentes por tomar pastillas que les proporcionaron; “les dieron cualquier cosa y murieron intoxicadas”, sostuvo.

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