Las clínicas impagadas por la DGA alertan de que los abortos de más de 14 semanas no podrán realizarse en Aragón

Las clínicas de interrupción del embarazo acreditadas en Aragón denuncian la “intención” de la DGA de no realizar en la Comunidad los abortos de más allá de la semana 14, por salud materna o patología fetal, ya que la clínica contratada por urgencia no las lleva a cabo. Además, aseguran que se pretendía que financiaran un millón de euros.

Zaragoza.- La Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) denuncia en un comunicado que la clínica contratada de urgencia por el Gobierno de Aragón para realizar abortos “no asegura las interrupciones más allá de la semana 14 de gestación, por lo que Aragón podría dejar de realizar, en el territorio autonómico, los abortos por salud materna y patología fetal”.

Según la asociación, los centros que han quedado adeudados por al DGA, -los profesionales de los Centros Actur y Almozara- han mantenido, a iniciativa de estos centros, una reunión, el día 11 de mayo, con el director de Planificación de la Consejería de Sanidad, Antonio Villacampa Duque, “quien les ha confirmado la salida del Aborto Provocado de la Cartera Básica de Servicios Nacional antes de que concluya el año”.

Por otro lado, critican que el Gobierno de Aragón asegure haber ofrecido una solución a la deuda con los centros mediante el pago inmediato de 250.000 euros, entendido como un “sobresfuerzo de presupuesto”, cuando “la realidad es que estos pagos ya estaban reconocidos por el Gobierno Nacional en el plan de pago extraordinario a proveedores mediado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO)”. Y añaden que “quedando sin determinar ni cuándo ni cómo se produciría el cobro del resto de la deuda (550.000 euros), ni cómo habría de solventarse la deuda que presumiblemente se generaría hasta que, tal como se nos anuncia, salga la prestación de la cartera de servicios. De esta forma, la DGA pretendía que las clínicas financiasen a su costa 1.000.000 euros para el año 2012”.

Asimismo, afirman que los centros han sido informados de que es propósito del Gobierno de Aragón derivar los abortos al nuevo centro que ha sido acreditado por la vía de urgencia para este fin. En este sentido, ACAI considera “inquietante” la forma mediante la cual la Administración Aragonesa afronta sus deudas, ya que el mecanismo pasa “por no solventar las deudas adquiridas con los proveedores que facilitaban hasta ahora el servicio, mientras se contrata a un nuevo proveedor del que desconocemos las condiciones contractuales del servicio”.

En cualquier caso, ACAI recomendará tomar “las oportunas medidas jurídicas”, en función de cómo afronte (en tiempo y forma) la Administración Aragonesa sus nuevos compromisos; ya que “no podría entenderse ni justificarse cómo una Administración Pública puede pagar a unos proveedores y no a otros”.

La Asociación de Clínicas Acreditadas se reafirma en que el impago de la deuda a los centros, así como, la falta de dotación presupuestaria “encubre un propósito evidente: desmantelar la prestación lentamente por la vía de la asfixia económica hasta que la reforma anunciada por el Titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, limite a la mínima expresión el derecho de las mujeres a decidir”.

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