El PP recurre al Constitucional la ley navarra que regula el registro de objetores al aborto

Esta norma, aprobada en octubre por mayoría en el Parlamento foral, está sin desarrollar – Los populares argumentan que atenta contra el derecho a la libertad de conciencia e ideología

El PP ha anunciado la presentación esta misma mañana de un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Foral por la que se debía crear en Navarra un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la práctica del aborto, por entender que atenta contra la libertad de los médicos. Dicha norma se aprobó en octubre por la mayoría del parlamento autonómico, pero desde entonces está sin desarrollar por la posición contraria del Gobierno de UPN, que mantiene su empeño en evitar las interrupciones voluntarias de embarazos en su territorio.

Según ha argumentado el presidente de los populares navarros, Santiago Cervera, esta ley “restringe un derecho fundamental”, por lo que este recurso, que se ha tramitado por vía preferente y que busca su suspensión cautelar, “supone la defensa de las libertades de los profesionales y también de todos los ciudadanos”. “No podemos admitir que se regule de manera restrictiva el ejercicio de un derecho fundamental como es la libertad de conciencia y de ideología”, ha añadido.

La iniciativa de los socialistas, que fue aprobada con los votos a favor de Nafarroa Bai e IUN, y en contra de UPN y CDN, buscaba dejar sin argumentos a UPN, que siempre había mantenido que Navarra no podía practicar abortos porque no existían en la red pública médicos dispuestos a llevarlos a cabo. De esta forma, el Ejecutivo defiende que se derive a las pacientes a centros de otras regiones previo pago de los costes, ya que tampoco existen centros privados de este tipo en la Comunidad foral.

Así, la ley, que inicialmente pretendía añadir un segundo registro de profesionales disponibles, reconoce en su reglamento el derecho “individual” de los médicos a la objeción, que deberán manifestar “de forma anticipada, voluntaria, confidencial y por escrito”. Durante su debate, UPN ya argumentó que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que se puede invocar sin contar con una ley específica pero sin embargo ésta se necesita para “evitar conflictos” y la misma debe ser de ámbito estatal y no autonómico, tal y como ha pedido el Consejo de Europa a los estados miembros.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del UPN, Enrique Martín, ha criticado hoy que esta ley foral “no tiene comparación con ninguna otra normativa en esta materia”, ya que “establece la obligatoriedad de la inscripción, estigmatiza al profesional, y crea un registro propiedad de la Administración”. “Se obliga a inscribirse en el registro sólo a los objetores de conciencia, algo que puede llegar a formar auténticas listas negras de profesionales e incluso a estigmatizar a sanitarios”, ha censurado.

Para la portavoz socialista de Salud, María Chivite, ésta era una interpretación “torticera y malintencionada”, ya que la ley “no sólo no obliga al profesional sanitario a registrarse, sino que por el contrario, se le garantiza su derecho a objetar, hasta ahora no regulado, siendo una decisión individual, voluntaria y en donde se le garantiza un tratamiento totalmente confidencial de su declaración, si decide hacerla”.

A su juicio, en el fondo de este recurso se esconden intereses partidistas, ya que al PPN “lo único que le preocupa es competir con UPN para ver quién es más de derechas en Navarra, siguiendo la estrategia de su partido a nivel nacional, una estrategia basada únicamente en la crispación y el enfrentamiento, no en vano el PP se está convirtiendo en la derecha más carca y rancia de Europa”. En este sentido, Santiago Cervera ha recalcado que le hubiera gustado ver a su lado al Gobierno de Navarra, pero “no lo ha hecho ni ha anunciado que lo vaya a hacer” y el plazo para presentar el recurso finaliza el próximo lunes. Además ha subrayado que el recurso suma otro argumento de ámbito competencial, al rechazar que una comunidad autónoma como Navarra pueda regular un “derecho fundamental” igual para todos los españoles.

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