“El aborto en Colombia” por Sara Hoyos

El análisis sobre la regulación del aborto en los sistemas jurídicos, es central en cualquier estudio que se haga sobre el tema. Ha sido su situación de ilegalidad lo que ha generado múltiples debates y controversias, tanto a nivel nacional como internacional. La razón de estos intensos debates, son los intereses opuestos de diversos actores que participan en él como: los grupos religiosos y laicos, los médicos, los juristas, los políticos y los activistas de las ONG’s.

Dentro de los temas centrales de la controversia, se encuentran discusiones relacionadas con los derechos de la mujer a la maternidad voluntaria, la protección de su salud y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. De otro lado, se encuentran los derechos del feto a la vida, que generan debates acerca del momento da la concepción, a partir de qué tiempo se protege el feto y cuándo hay vida. No obstante, el principal problema que genera el aborto, es la clandestinidad con la cual se realiza. Anualmente miles de mujeres mueren a causa de un aborto mal practicado, por las condiciones insalubres a las cuales se exponen o por la falta de experticia de quienes lo practican.Algunos países han establecido en su legislación penal, eventos en los cuales la interrupción del embarazo no es delito, por ejemplo: cuando el embarazo es resultado de un acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, cuando hay malformaciones del feto o está en riesgo la vida o la salud de la mujer. En otros países, por el contrario, esta práctica está totalmente prohibida.

Por esta razón, en el siguiente trabajo se va estudiar cómo está regulado el aborto en Argentina, Ecuador y Colombia. Después se analizará qué ha dicho la Corte Constitucional colombiana al respecto y, por último, se mirarán los obstáculos de la implementación de la sentencia C355/06.Para empezar, es importante aclarar en qué consiste el aborto y porqué se eligieron los países anteriormente nombrados para estudiar la regulación que se ha dado en la materia.  El aborto es la interrupción del embarazo y consiste en la “extracción de tejido del embarazo, productos de la concepción o el feto y la placenta del útero. Generalmente, los términos feto y placenta se utilizan después de las ocho semanas de embarazo, mientras que los otros términos describen el tejido producido antes de las ocho semanas[1]”. Éste puede ser espontáneo, natural, o provocado.Las discusiones frente al tema han propiciado cambios legislativos en la mayoría de estados occidentales, especialmente a partir de finales de los años sesenta. Muchos sistemas jurídicos han decidido adoptar una regulación más permisiva del aborto. Los países que se eligieron para analizar el tema surgieron de la sentencia 355 de 2006, donde la Corte Constitucional colombiana se pronunció acerca de la constitucionalidad del artículo 122 de la ley 599 del 2000. La Corte resaltó como ejemplo de un país que permite el aborto en ciertos casos a Argentina. Por el contrario, Ecuador formaba parte de aquellos países que prohibían totalmente dicha práctica.Ahora bien, en Argentina el Código Penal en su artículo 86[2] establece que el aborto no será punible “1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. La Corte Suprema también se pronunció al respecto el 13 de marzo de 2012[3], ante la petición de una madre para que se le practicara un aborto a su hija de 15 años. En esta sentencia la Corte consideró que la norma debía ser interpretada de una manera menos restrictiva, que permitiera la interrupción del embarazo siempre que haya sido consecuencia de una violación y no únicamente cuando la persona padeciera una enfermedad mental.

En Ecuador, por el contrario, el Código Penal en su artículo 444[4] sanciona con una pena de uno a cinco años a la mujer que se practique un aborto o lo haga ella misma. El Código no establece ninguna condición por la cual se deba permitir esta práctica. No obstante, “el 32,6% de las mujeres ecuatorianas ha experimentado algún aborto. Este indicador convierte al país en el primero con más abortos, entre 11 países de Latinoamérica[5]”. Actualmente grupos feministas realizan campañas defendiendo la despenalización del aborto. Ofrecen métodos seguros y libros con información sobre el tema, a través de grafitis y correos electrónicos.

Continuando con Colombia, la Corte Constitucional en la sentencia 355 de 2006 resaltó varios aspectos relevantes en el tema del aborto. En primer lugar, recalcó la necesidad de realizar una ponderación entre el deber de proteger la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer en embarazo. Dicha Corporación llegó a la conclusión que la prohibición total del aborto es inconstitucional. Por esta razón, el artículo 122 del Código Penal que establece una pena de 1 a 3 años a la mujer que aborte o permita que otro lo haga, es exequible si se excluyen los casos en los cuales el aborto es permitido.

Estos casos son los siguientes: “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto.[6]”
Pasando a  los obstáculos de la implementación de la sentencia 355 de 2006 se puede decir que varias organizaciones como Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mujer y Futuro, Red Nacional de Mujeres y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, han trabajado arduamente para garantizar los derechos de las mujeres en Colombia y específicamente en la implementación de la Sentencia. Sin embargo, se han presentado constantes reclamos por parte de niñas y mujeres colombianas, a quienes no se les ha reconocido su derecho a abortar en los casos permitidos por la sentencia y “siguen luchando contra el sistema de salud que no les presta los servicios necesarios y con un sistema judicial que no les reconoce sus derechos[7]”.
El 10 de mayo de 2012, en el sexto aniversario de la despenalización del aborto en ciertas circunstancias en Colombia, la ONG Women’s Link Worldwide invitó a un encuentro con organizaciones aliadas en el trabajo por los derechos de las mujeres, para analizar los avances y obstáculos en la implementación de la sentencia 355 de 2006. De estas jornadas de evaluación se llegó a las siguientes conclusiones: en primer lugar, no hay liderazgo a nivel nacional puesto que los sectores de salud, justicia y educación no han conseguido coordinar para garantizar estos derechos; en segundo lugar, los jueces de tutela siguen sin reconocer los derechos concedidos a las mujeres en la sentencia 355/06 o establecen obstáculos a la presentación de denuncias por violencia sexual; en tercer lugar, la objeción de conciencia es usada para evitar el acceso de las mujeres a la interrupciones voluntarias del embarazo; por último, las mujeres no reciben la información pertinente sobre el derecho a la interrupción voluntaria en los casos permitidos.
A lo largo de este texto se ha visto cómo varios países latinoamericanos han empezado a permitir el aborto en ciertos casos.

A pesar de que hay países que aún continúan prohibiendo esta práctica en su totalidad, ciertos movimientos al interior de los mismos propugnan por la despenalización del aborto . En Colombia, la sentencia 355 de 2006 permitió esta práctica en ciertos casos. No obstante, es la implementación de la sentencia lo que no funciona: ¿de qué vale reconocer ciertos derechos si no se garantiza su goce? Es importante que los diversos actores a nivel nacional trabajen conjuntamente, para permitir el acceso de las mujeres a los derechos que les han sido reconocidos.  Sin embargo, debe recalcarse que el debate en el país continúa. El partido conservador, pasó un proyecto de ley en la comisión primera del Senado que buscaba la prohibición total del aborto.  Pese a que esta iniciativa fue archivada el miércoles 12 de octubre de 2011, el partido pretende conseguir la prohibición de esta práctica vía referendo.

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