CC.OO. pide a Cospedal que garantice el derecho al aborto

CLM / EL SINDICATO LE EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY


EP / TOLEDO
Día 20/09/2011

La secretaria de Mujer de CC.OO. en Castilla-La Mancha, Kirsten Lattrich, instó a la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, a cumplir la ley después de que las clínicas de aborto hayan roto el convenio con la Junta por el impago de las facturas.

Según Lattrich, esta situación significa «un grave riesgo de desprotección» para las mujeres de la región, por lo que reclamó al Gobierno que sean los centros sanitarios públicos los que asuman este cometido, según informó el sindicato en nota de prensa. «El que las mujeres castellano-manchegas que decidan interrumpir su embarazo legal y voluntariamente tengan que costearse ellas mismas la intervención supone poner en cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres de la región», denunció Lattrich.

Aplicación de la Ley

De esta forma, la secretaria de Mujer recuerdó que «es obligación» de la Administración regional garantizar la aplicación de la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo, y dar las suficientes garantías sanitarias y legales. En dicha ley se recoge que sólo de forma excepcional esta intervención debe realizarse en la sanidad privada, lo que, sin embargo, según Lattrich, se ha convertido en la «generalidad» para toda Castilla-La Mancha, donde señaló que no se realizan interrupciones voluntarias de embarazo en ningún centro público de salud.

Tras la ruptura del convenio de las clínicas privadas y la consejería de Sanidad, CC.OO. señaló que deben ser los hospitales públicos de la región los que asuman la prestación de este servicio garantizado por Ley, y deben de tomar con urgencia las medidas correspondientes para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción de embarazo.

Por último, Lattrich reiteró «la necesidad de la dotación de centros públicos de referencia en las cinco provincias, que eviten y aseguren el ejercicio del derecho», concluyó.



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