ACAI destaca el “buen cumplimiento” de Cantabria en la protección de datos de la mujer

Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas que más están incumpliendo los principios de protección de la identidad, información, gratuidad y fácil acceso al aborto recogidos en la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor el pasado 5 de julio; mientras que en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria destaca “el buen cumplimiento” de la en protección de datos de la mujer, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI).

Su presidente, Santiago Barambio, y su vicepresidenta, Francisca García, ha señalado en rueda de prensa, en su valoración sobre los tres primeros meses de aplicación de esta ley, que las clínicas advierten de que “cada comunidad aplica en su territorio su propia ley del aborto”, con diferencias tanto en la forma de pagar la intervención, cómo a la hora de decidir qué abortos hacer y cuáles no, cómo proteger los datos de la mujer o cuánto debe durar todo el proceso.

De hecho, para Navarra y La Rioja o zonas de Castilla y León, como Soria, Salamanca y León, parece “como si la nueva ley no existiera”, pues derivan a otras comunidades a las mujeres que quieren abortar. En las tres zonas de Castilla y León mencionadas, según ACAI, se manda a abortar a Madrid “a las mujeres de más de 14 semanas, es decir, al 90 por ciento de los casos”.

Según las cifras facilitadas por 19 clínicas en 11 comunidades autónomas— Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, La Rioja y Castilla y León—, la Comunidad de Madrid es “la que más trabas pone para impedir el cumplimiento de la norma”, una situación que contrasta con la de Andalucía, “la más respetuosa con la ley”.

Por aspectos legales, en protección de datos de la mujer fallan sobre todo Madrid, Cataluña y La Rioja, siendo el catalán “el caso más grave”, ya que allí se obliga a la mujer a identificarse para conseguir el reembolso de la prestación. Por contra, destacan por “buen cumplimiento” de este punto Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Galicia y Cantabria.

Respecto a la información que se facilita a la mujer que va a abortar, tachan de malos ejemplos a la Comunidad de Madrid, que incluye en los sobres informativos a unas 30 organizaciones detractoras del aborto, y Galicia, donde se incluye información de la denominada Red Madre.

Tampoco Cataluña lo hace bien en este sentido, ofreciendo sobre todo “información poco útil”. Asturias, por su parte, recibe el aprobado de ACAI en información, ya que ofrece indicaciones “más adaptadas a lo que las mujeres esperan leer”.

Inequidad en los tiempos de espera

En tiempo de espera para acceder a esta prestación, desde que la mujer acude a los servicios de salud, resaltan los ejemplos negativos de Cataluña y Madrid, con entre 3 y 4 semanas de espera, incluso cuatro meses, en algún caso de la Comunidad de Madrid, según García. Modélicas en este sentido son Valencia, País Vasco o Murcia, con una semana para poder abortar.

Sobre la gratuidad del servicio, ACAI se queja sobre todo de Cataluña y Cantabria donde las mujeres deben pagar la intervención para después recibir su reembolso; de Madrid, donde han retrasos de 6 meses a un año en los pagos; y de Castilla-La Mancha, donde, según García, hay “importantes retrasos” en los pagos porque la consejería dice “que no hay más dinero para este año ni lo habrá para 2011”.

Como ejemplo de buen hacer destaca otra vez Andalucía, donde el modelo concertado de financiación es, según las clínicas, el más acertado. En concreto, en Andalucía el 90 por ciento de los abortos realizados en los tres meses tras la entrada en vigor de la nueva norma fueron pagados pos la sanidad pública y el 10 por ciento fue sufragado por la interesada.

En Madrid, el 60 por ciento se financió con fondos públicos y el 40 por ciento fueron pagados por la usuaria; en Cataluña, la sanidad pública pagó el 54 por ciento frente al 46 por ciento financiado por las usuarias.

En Asturias, el 97 por ciento de estas intervenciones se pagaron con dinero público; en el País Vasco, el 80 por ciento con fondos públicos y el 20 por ciento por la mujer; en Cantabria, entre el 60 y el 30 por ciento de los abortos los pagaron las interesadas; en Valencia, entre el 60 y el 70 por ciento se financiaron desde lo público y entre el 40 y el 30 por ciento fue cubierto por las usuarias.

En Murcia, el 70 por ciento se financió desde lo público y el 30 por ciento por el usuario, y en Castilla-La Mancha, el 70 por ciento con fondos públicos y el 30 por ciento por las mujeres.

En el caso de Castilla y León, donde sólo se practican abortos en Valladolid, Burgos y Ávila, entre el 50 y el 60 por ciento fueron financiados por fondos públicos. También varía por zonas en Galicia, ya que en Orense, Pontevedra Sur y Vigo la mayoría fueron financiados por lo público, frente a Pontevedra Norte o Lugo, donde el 75 por ciento de los abortos fueron pagados por las mujeres.

A juicio de ACAI, el problema es que el Gobierno aún no ha desarrollado el reglamento que homologaría, entre otros aspectos, prácticas como la información a adjuntar en los sobres informativos o la forma de pagar estas intervenciones. Así, pide al Ejecutivo “que se informe de cómo se está aplicando esta ley” en España y que agilice la creación de la denominada Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que aclararía muchos de estos aspectos.

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